Dany Bahar y Meagan DooleyLunes, 9 de diciembre, 2019

La crisis de refugiados venezolanos está a punto de superar la escala de la crisis siria.

Para finales del 2019, 4 años después del comienzo de la crisis humanitaria venezolana, 4.6 millones de venezolanos han huido del país, alrededor del 16 por ciento de la población. La cifra es sumamente similar a los 4,8 millones de personas que habían huido de Siria en 2015, 4 años después de la crisis del desplazamiento forzado masivo allí. Como muestra la Figura 1, la crisis de refugiados venezolanos es una de las más grandes en la historia moderna, y si las tendencias actuales continúan, podría haber hasta 6.5 millones de venezolanos viviendo fuera del país para 2020 (según las estimaciones del ACNUR), superando ampliamente la velocidad del desplazamiento observado en Siria. En trabajos anteriores, mostramos que los números podrían ser significativamente más altos si la crisis humanitaria en Venezuela continúa empeorando, llegando a más de 8 millones.

A diferencia de otras crisis de refugiados, la venezolana no es el resultado de una guerra o conflicto convencional. Pero las condiciones que enfrentan los venezolanos a diario no son muy diferentes a las de una zona de guerra activa. Desde 2013, la economía venezolana se ha contraído en un 65 por ciento. Los únicos casos comparables a una recesión tan grande son países en conflicto activo, como Liberia durante su sangrienta guerra civil, que perdió el 90 por ciento de su PIB. Pero el colapso económico venezolano, que precedió a las sanciones internacionales, se destaca porque no fue provocado por fuerzas externas o disturbios internos: fue fabricado por aquellos en el poder y, por lo tanto, totalmente evitable.

Esto ha resultado en una de las peores crisis humanitarias que este hemisferio haya visto. La FAO estima que la tasa de desnutrición se ha cuadruplicado desde 2012, y la ONU estima que la vida de 300,000 personas está en riesgo debido al acceso limitado a tratamiento médico y medicamentos que salvan vidas. De hecho, Venezuela se está convirtiendo rápidamente en un estado fallido, si es que ya no lo es. La escasez prolongada de agua y electricidad se ha convertido en la norma, y ​​la violencia generalizada –a menudo llevada a cabo con la complicidad de las fuerzas de seguridad del gobierno— hace del país uno de los más violentos del mundo.

Por lo tanto, aquellos que huyen de Venezuela son refugiados y deberían tener derecho a las protecciones que vienen con ese estatus. Hasta ahora, la mayor parte de las responsabilidades de hospedaje, y por lo tanto los desafíos de integración, han recaído en los vecinos regionales.

Sin embargo, a pesar de la escala masiva de desplazamiento y necesidad humanitaria, las naciones anfitrionas –siendo las tres más grandes Colombia, Ecuador y Perú—han recibido muy poco apoyo de la comunidad internacional en comparación con otros episodios históricos de desplazamiento forzado. En respuesta a la crisis siria, por ejemplo, la comunidad internacional movilizó grandes sumas de capitales: $ 7,4 mil millones en esfuerzos de respuesta a refugiados en los primeros 4 años. La financiación para la crisis venezolana no ha seguido el mismo ritmo: a 4 años de la crisis, la comunidad internacional ha donado solamente $ 580 millones. En términos per cápita, esto se traduce en $ 1,500 por refugiado sirio y $ 125 por refugiado venezolano.

En noviembre de 2019, el ACNUR y la OIM presentaron un llamamiento regional de $ 1.35 mil millones para la respuesta de los refugiados venezolanos en 2020. El llamamiento incluye fondos para ayuda humanitaria, así como esfuerzos de inclusión social y económica a largo plazo. Este es un paso positivo hacia un enfoque regional unificado para ayudar a las comunidades receptoras, así como a los refugiados mismos. Sin embargo, incluso si la petición logra total financiamiento (la apelación de 2019, por ejemplo, ha sido financiada solamente en un 52 por ciento), hablamos de un total de $ 2 mil millones después de cinco años de conflicto. La crisis de los refugiados Rohingya alcanzó este nivel de financiación en tan solo dos años, para ayudar a 1,2 millones de personas desplazadas, aproximadamente una cuarta parte de la población de refugiados venezolanos. Incluso, la crisis de refugiados de Sudán del Sur, una crisis conocida también por tener insuficiente financiamiento, recibió el doble de fondos de Venezuela cuatro años después de la crisis.

La financiación es crucial no solo para la provisión de necesidades humanitarias a corto plazo, sino también para inversiones en comunidades de acogida con el fin de exitosamente lograr la integración de refugiados. El financiamiento internacional puede ayudar a reforzar la infraestructura local (hospital, escuelas, carreteras, electricidad) y ampliar el acceso al crédito para las empresas locales, lo que puede ayudar a compensar los posibles efectos negativos en el mercado laboral a corto plazo causados ​​por la afluencia repentina de la oferta laboral. En el caso de América Latina, donde la infraestructura ya está rezagada, estas inversiones son particularmente importantes. Reconociendo esta necesidad crucial, el gobierno colombiano, la mayor nación anfitriona de refugiados venezolanos, dispuso de más de $ 230 millones en líneas de crédito para infraestructura e inversión privada en áreas con alta densidad de refugiados, una política que no ha recibido la atención que merece. En el mismo sentido, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han ofrecido financiamiento a los gobiernos anfitriones de migrantes y refugiados venezolanos para ayudar a apoyar la generación de obras públicas en las comunidades receptoras. Sin embargo, dada la escala de desplazamiento, se requerirá mucha más financiación.